LINEA ROJA

En 2004, Luis Aragonés tomó el relevo de Iñaki Sáez al frente de una selección española recién naufragada en la Eurocopa de Portugal.
Aquel equipo tenía buenos jugadores, sí. Pero no tenía alma. Ni identidad.
Y entonces apareció una idea sencilla que terminó convirtiéndose en símbolo colectivo:
“Brasil es la canarinha, Argentina la albiceleste… me gustaría que España fuese La Roja”.
El resto ya forma parte de la historia.
“La Roja” acabó representando talento, esfuerzo colectivo, disciplina, orgullo competitivo y una idea bastante simple: para jugar en ese equipo había líneas que no podían cruzarse.
Muchos años después, en España seguimos hablando constantemente de “rojas”.
Pero ya no exactamente de la misma.
Ahora hablamos de líneas rojas.
La reciente imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero , causa todavía en fase de instrucción y respecto a la cual debe preservarse plenamente su legítima presunción de inocencia,  ha reabierto un debate mucho más profundo que un nombre concreto.
Porque la cuestión no es únicamente judicial.
Es estructural.
Y conduce inevitablemente a una pregunta incómoda:
¿Quién juega realmente el partido del poder en España?
Porque sí, en España existen lobbies.
Aunque durante años se evitó incluso pronunciar la palabra, como si nombrarla fuese peor que practicarla.
Aquí preferíamos expresiones más elegantes:
Contactos , interlocución , asesoría estratégica,
relaciones institucionales.......
Todo muy Plus Ultra.
Más allá, efectivamente.
Más allá de la transparencia.
Más allá de los registros públicos.
Más allá, a veces, de la fina línea que separa la influencia legítima del tráfico de influencias.
Porque el lobby legal existe en todas las democracias modernas.
Y además es inevitable.
Empresas energéticas, banca, farmacéuticas, tecnológicas, sindicatos, patronales, ONG o consultoras intentan influir constantemente en gobiernos y parlamentos.
Eso ocurre en Madrid.
En Bruselas.
En Washington.
La diferencia no está en su existencia.
La diferencia está en las reglas del juego.
En Estados Unidos o en instituciones europeas existen registros, trazabilidad y obligación de declarar reuniones e intereses con bastante más claridad que en España.
Aquí seguimos moviéndonos muchas veces entre la agenda oficial… y el reservado.
Entre el cargo público y la futura silla en el consejo de administración.
Entre la vocación política y la puerta giratoria con vistas al Ibex.
Y ahí aparece el verdadero problema.
No la defensa legítima de intereses.
Sino la desigualdad de acceso al poder.
Porque mientras un ciudadano normal necesita cita previa, contraseña digital y tres intentos fallidos con el certificado electrónico, algunos despachos parecen entrar al BOE por la puerta de servicio.
Cataluña avanzó hace años con registros obligatorios de grupos de interés.
La Comunidad Valenciana también dio pasos relevantes.
Madrid continúa en una especie de VAR administrativo permanente, se revisa la jugada pero raramente se enseña la tarjeta.
Y quizá ahí esté el gran dilema español.
Nos hemos acostumbrado tanto a discutir quién lleva la camiseta… que hemos dejado de mirar quién redacta el reglamento.
Por supuesto, corresponde únicamente a la Justicia determinar si en cada caso concreto hubo conducta delictiva o no.
Y conviene repetirlo en tiempos de juicios paralelos:
imputación no significa culpabilidad.
La presunción de inocencia no es un detalle técnico.
Es una línea roja democrática.
Pero precisamente por eso, porque la Justicia debe actuar sin ruido ni trincheras, la política debería exigirse algo más que la mera legalidad.
También ejemplaridad.
Porque un país no se deteriora solamente cuando alguien cruza la línea roja penal.
Empieza a deteriorarse mucho antes:
Cuando deja de distinguirla.
Y ahí sí que no hay prórroga posible.
Archivo de la causa…
o tarjeta roja.
Pero definitiva.