LINEA ROJA

En 2004, Luis Aragonés tomó el relevo de Iñaki Sáez al frente de una selección española recién naufragada en la Eurocopa de Portugal.
Aquel equipo tenía buenos jugadores, sí. Pero no tenía alma. Ni identidad.
Y entonces apareció una idea sencilla que terminó convirtiéndose en símbolo colectivo:
“Brasil es la canarinha, Argentina la albiceleste… me gustaría que España fuese La Roja”.
El resto ya forma parte de la historia.
“La Roja” acabó representando talento, esfuerzo colectivo, disciplina, orgullo competitivo y una idea bastante simple: para jugar en ese equipo había líneas que no podían cruzarse.
Muchos años después, en España seguimos hablando constantemente de “rojas”.
Pero ya no exactamente de la misma.
Ahora hablamos de líneas rojas.
La reciente imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero , causa todavía en fase de instrucción y respecto a la cual debe preservarse plenamente su legítima presunción de inocencia,  ha reabierto un debate mucho más profundo que un nombre concreto.
Porque la cuestión no es únicamente judicial.
Es estructural.
Y conduce inevitablemente a una pregunta incómoda:
¿Quién juega realmente el partido del poder en España?
Porque sí, en España existen lobbies.

La consultora Acento Public Affairs, creada por el exministro socialista Jose Blanco y Alvaro Alonso, exministro de Sanidad  del PP ha experimentado un crecimiento meteórico, pasando de 150.000 € de facturación en 2019 a 9,5 M € en 2024, convirtiéndose en la firma líder del sector del lobby en España.

Aunque durante años se ha evitado pronunciar la palabra, como si nombrarla fuese peor que practicarla.
Aquí preferíamos expresiones más elegantes:
Contactos , interlocución , asesoría estratégica,
relaciones institucionales.......
Todo muy Plus Ultra.
Más allá, efectivamente.
Más allá de la transparencia.
Más allá de los registros públicos.
Más allá, a veces, de la fina línea que separa la influencia legítima del tráfico de influencias.
Porque el lobby legal existe en todas las democracias modernas.
Y además es inevitable.
Empresas energéticas, banca, farmacéuticas, tecnológicas, sindicatos, patronales, ONG o consultoras intentan influir constantemente en gobiernos y parlamentos.
Eso ocurre en Madrid.
En Bruselas.
En Washington.
La diferencia no está en su existencia.
La diferencia está en las reglas del juego.
En Estados Unidos o en instituciones europeas existen registros, trazabilidad y obligación de declarar reuniones e intereses con bastante más claridad que en España.
Aquí seguimos moviéndonos muchas veces entre la agenda oficial… y el reservado.
Entre el cargo público y la futura silla en el consejo de administración.
Entre la vocación política y la puerta giratoria con vistas al Ibex.
Y ahí aparece el verdadero problema.
No la defensa legítima de intereses.
Sino la desigualdad de acceso al poder.
Porque mientras un ciudadano normal necesita cita previa, contraseña digital y tres intentos fallidos con el certificado electrónico, algunos despachos parecen entrar al BOE por la puerta de servicio.
Cataluña avanzó hace años con registros obligatorios de grupos de interés.
La Comunidad Valenciana también dio pasos relevantes.
Madrid continúa en una especie de VAR administrativo permanente, se revisa la jugada pero raramente se enseña la tarjeta.
Y quizá ahí esté el gran dilema español.
Nos hemos acostumbrado tanto a discutir quién lleva la camiseta… que hemos dejado de mirar quién redacta el reglamento.
Por supuesto, corresponde únicamente a la Justicia determinar si en cada caso concreto hubo conducta delictiva o no.
Y conviene repetirlo en tiempos de juicios paralelos:
Imputación no significa culpabilidad.
La presunción de inocencia no es un detalle técnico.
Es una línea roja democrática.
Pero precisamente por eso, porque la Justicia debe actuar sin ruido ni trincheras, la política debería exigirse algo más que la mera legalidad.
También ejemplaridad.
Porque un país no se deteriora solamente cuando alguien cruza la línea roja penal.
Empieza a deteriorarse mucho antes:
Cuando deja de distinguirla.
Y ahí sí que no hay prórroga posible.
Archivo de la causa…
O tarjeta roja.
Pero definitiva.

ZONAS GRISES

 

El juicio del llamado caso "mascarillas" ha llegado a su fin , en espera de la sentencia del Tribunal Supremo.

Y me provoca algunas reflexiones.

Haciendo un seguimiento del mismo e independientemente de la figura del ex Ministro de Transportes Jose Luis Abalos como presunto "padrino" y beneficiario lucrativo de la trama junto con el resto de implicados, me llama poderosamente la atención la figura de Koldo Garcia, independientemente de lo publicado sobre su perfil, pasado profesional , militancia o formación.

Puede que sea algo bastante más incómodo.

Porque cuando aparecen personajes así, la tentación inmediata consiste en convertirlos en monstruos excepcionales, como si hubieran surgido de un agujero aislado del sistema. 

Y probablemente ese sea el error más tranquilizador para todos. Pensar que el problema es el de “un individuo”.

Pero quizá Koldo no sea solo una anomalía. También un síntoma.

El símbolo de una forma de funcionar demasiado instalada en España desde hace décadas.

La mezcla difusa entre confianza personal, poder político, acceso informal y ausencia de controles reales.

No hace falta imaginar conspiraciones cinematográficas.

La corrupción moderna rara vez funciona así.

Casi nunca empieza con sobres encima de una mesa.

Empieza con algo mucho más cotidiano:

“Es de confianza”.

“Ayúdalo”.

“Tiene acceso”.

“Habla con él”.

“Ya sabe cómo funciona esto”.

Y poco a poco aparece una figura peligrosísima para cualquier democracia. La persona sin poder formal, pero con un enorme poder real.

Ese espacio ambiguo entre despacho, partido, ministerio, empresarios y favores es precisamente donde los sistemas institucionales más sólidos intentan poner límites muy claros, basados en estrictos controles.

Las democracias modernas no se deterioran ,normalmente mediante grandes golpes de Estado.

Se desgastan lentamente a través de pequeñas normalidades aceptadas.

El amigo que intermedia.

El asesor que nadie controla.

El empresario con teléfono directo.

La reunión que no consta.

El “ya te llamaré”.

Y cuando eso se normaliza demasiado, los controles llegan tarde.

España no es un país sin democracia, pero claramente  imperfecta.

Ni un sistema comparable a los modelos autocráticos donde el poder político controla abiertamente jueces y tribunales.

Aunque , honestamente, esa presión política existe y es practicada

Pero sí un país donde,  demasiadas veces, las relaciones personales pesan más de lo que deberían dentro de las estructuras públicas.

Y ahí Koldo se convierte en algo más simbólico que individual.

Porque, aunque finalmente los tribunales determinen responsabilidades concretas, el debate importante ya está abierto.

¿ Cómo puede una persona acumular tanta capacidad de influencia , desembocando en presunta corrupción, obviamente en connivencia con un alto cargo,  sin controles preventivos eficaces?

La pregunta no debería dirigirse solo a un partido político, sería demasiado cómodo.

Debería dirigirse al funcionamiento completo del sistema: Ministerios, Partidos, Organismos públicos,controles internos, cultura administrativa. 

Porque,  la gran debilidad española no es únicamente jurídica.

Mas bien parece cultural y arrastrada por nuestro pasado.

Seguimos confundiendo demasiadas veces cercanía con mérito, acceso con capacidad y lealtad personal con profesionalidad institucional.

Y eso termina generando una administración vulnerable a las zonas grises.

Lo más preocupante de un caso así no sería descubrir que existe corrupción. La corrupción , lamentablemente, existe en todas las democracias.

Lo preocupante es descubrir que muchas de las conductas previas se aceptaban como  "normales " .....hasta que investiga la Guardia Civil, la UCO o un juez.

Y una democracia madura debería detectar antes esas anomalías.

Mucho antes de que terminen convertidas en sumarios de miles de páginas. Porque el verdadero prestigio institucional no se mide solo por castigar culpables.

También se mide por impedir que ciertos mecanismos lleguen siquiera a consolidarse.

Y ahí sigue pendiente una reforma mucho más profunda que cualquier sentencia futura.

La degradación institucional no aparece de golpe, sino cuando el sistema normaliza determinadas prácticas y deja de exigir calidad democrática.

El pensamiento político de Montesquieu ya lo definió:

“Las instituciones son fuertes cuando las personas aceptan límites , incluso cuando podrían saltárselos.”